Diputación Foral de Vizcaya

Diputación Foral de Vizcaya
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Localización
País	España
Localidad	Vizcaya
Información general
Sigla	DFV-BFA
Jurisdicción	Vizcaya
Tipo	Diputación Foral y Gobierno
Sede	Palacio de La Diputación Foral de Vizcaya
Historia
Fundación	siglo XIX
	Sitio web oficial
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La Diputación Foral de Vizcaya (oficialmente Diputación Foral de Bizkaia, en euskera: Bizkaiko Foru Aldundia), es el órgano de gobierno del territorio histórico de Vizcaya (País Vasco) España. Además de las competencias ordinarias que ejercen las diputaciones provinciales de las restantes provincias de España, la Diputación Foral de Vizcaya ejerce competencias específicas derivadas de su naturaleza como territorio histórico del País Vasco, en virtud de su Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos de 1983.

La Diputación es el órgano ejecutivo que depende de las Juntas Generales de Vizcaya (que es el órgano normativo).

Historia

Orígenes y Creación

La Diputación Foral de Vizcaya tiene sus raíces en las instituciones del antiguo Señorío de Vizcaya, cuyo autogobierno se remonta a la Edad Media. Desde al menos el siglo XIV, las Juntas Generales de Vizcaya (asambleas de representantes locales reunidas bajo el Árbol de Guernica) actuaban como órgano legislativo del territorio, estableciendo los fueros o leyes propias. Para asegurar la continuidad del gobierno entre las reuniones de las Juntas, a finales del siglo XV y comienzos del XVI se creó un consejo permanente. Una real provisión de 1500, dada por los Reyes Católicos, estableció el Regimiento General del Señorío, ordenando que cada año se nombrasen regidores, diputados y otros oficiales que, junto al corregidor real, se reunieran periódicamente “para que entiendan en la buena gobernación e regimiento” de Vizcaya.

De esta forma nació la Diputación General de Vizcaya como institución ejecutiva del Señorío, encargada de aplicar los acuerdos de las Juntas y administrar el territorio. Durante los siglos siguientes, especialmente en el siglo XVIII, la Diputación fue ganando peso institucional. En la época del absolutismo ilustrado se fortaleció su papel frente al representante de la monarquía (el corregidor) y en coordinación con los ayuntamientos locales. Así, en vísperas del siglo XIX, Vizcaya contaba con un sólido régimen foral: unas Juntas Generales con amplias facultades normativas y una Diputación encargada del gobierno diario, gozando de privilegios como la hidalguía universal (igualdad jurídica de todos los vizcaínos) y exenciones fiscales y militares que garantizaban su autonomía frente a la Corona.

Siglo XIX: Abolición Foral

La llegada del Estado liberal en el siglo XIX puso en tensión el régimen foral vizcaíno. Tras la primera guerra carlista (1833-1839), el Convenio de Vergara prometió respetar los fueros “sin perjuicio de la unidad constitucional” de España. Esto se materializó en la Ley de 25 de octubre de 1839, que confirmó los fueros de las provincias vascas y Navarra pero facultó al Gobierno para adaptarlos a la nueva legalidad. En la práctica, Vizcaya mantuvo gran parte de su autogobierno durante varias décadas. Las Juntas Generales y la Diputación Foral siguieron administrando el territorio, conservando privilegios como la exención fiscal (los vizcaínos no pagaban impuestos directos al Estado) y la existencia de milicias propias, al menos hasta que se decidiera su modificación. Sin embargo, las presiones centralizadoras aumentaron a lo largo del siglo. La integración de Vizcaya en el mercado español se fue imponiendo (por ejemplo, en 1841 se trasladaron las aduanas de la línea del río Ebro a la frontera con Francia, eliminando la exención arancelaria vasca. Finalmente, tras la derrota del carlismo en la segunda guerra carlista (1872-1876), el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo aprovechó la ocasión para suprimir definitivamente el régimen foral. La Ley abolitoria de los Fueros del 21 de julio de 1876 derogó los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, disolviendo sus Juntas Generales y Diputaciones Forales como órganos de gobierno. En abril de 1877 se celebró en Guernica la última reunión de las Juntas de Vizcaya, que se cerró con la orden de disolución emitida por Cánovas; a partir de esa fecha, las Juntas Generales no volverían a reunirse hasta 1979. Del mismo modo, el 5 de mayo de 1877 fue disuelta la Diputación Foral de Vizcaya por orden del gobierno, integrándose la provincia bajo el régimen común provincial. En adelante, Vizcaya sería gobernada por una diputación provincial similar a las del resto de España, perdiendo sus instituciones privativas aunque conservando cierta singularidad fiscal.

Diputación Provincial y Concierto Económico (1877-1936)

Como compensación parcial a la abolición foral, el Estado y las provincias vascas acordaron un sistema financiero especial. En 1878 se instauró el Concierto Económico, por el cual las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa pasaron a recaudar en su territorio la mayoría de los impuestos, obligándose luego a entregar al Estado una cuota anual (cupo) a modo de contribución. Este acuerdo, inicialmente temporal, se fue renovando sucesivamente (1886, 1894, 1906, etc.) y pervive hasta hoy. Gracias al Concierto, la nueva Diputación de Vizcaya retuvo muchas de las competencias que tenía en la época foral, financiándolas con recursos propios. La Hacienda estatal se desentendió de la recaudación en Vizcaya y limitó sus inversiones en la provincia, ya que el grueso de la inversión pública pasó a ser realizado por la propia Diputación.

Durante la Restauración y hasta la Guerra Civil, la Diputación Provincial de Vizcaya desempeñó un papel clave en el desarrollo del territorio. Administró la creciente riqueza procedente de la minería del hierro e impulsó infraestructuras fundamentales (caminos, ferrocarriles, puentes, puertos) para la industrialización de Bilbao y su entorno. Este auge económico quedó simbolizado en la construcción del fastuoso Palacio Foral de Bilbao, sede de la institución, cuyas obras iniciadas en 1890 reflejaron un momento de gran prosperidad para Vizcaya gracias a la revolución industrial. Asimismo, la Diputación asumió funciones de bienestar social y cultura a nivel provincial, gestionando obras de caridad, educación básica y patrimonio cultural. En el plano político, aunque el régimen foral había desaparecido, la Diputación siguió representando los intereses vizcaínos ante Madrid en materia fiscal y administrativa. Cabe señalar que en la Segunda República (1931-1936) se proyectó un Estatuto de Autonomía vasco, finalmente aprobado en octubre de 1936 en plena Guerra Civil, que creaba un Gobierno autónomo para el País Vasco. Durante el breve periodo autónomo de 1936-1937, la Diputación de Vizcaya colaboró con el Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre, pero la Guerra Civil interrumpió este experimento de autogobierno regional antes de consolidarse.

Guerra Civil y Franquismo (1937-1975)

Tras la caída de Vizcaya en 1937, Franco suprimió el Concierto Económico para Vizcaya y Guipúzcoa, considerándolas “provincias traidoras”. La Diputación siguió existiendo, pero sin autonomía y bajo el control del régimen. Aun así, la provincia prosperó económicamente, desarrollando infraestructuras y zonas industriales. Mediante un decreto de 1937, el Concierto quedó abolido en estas dos provincias (Álava y Navarra, que apoyaron al alzamiento, conservaron sus regímenes forales). Pese a ello, la Diputación Provincial de Vizcaya continuó existiendo durante la dictadura, si bien totalmente supeditada al poder central. Sus miembros (diputados provinciales y presidentes) eran designados por el Gobierno franquista, frecuentemente entre figuras afectas al régimen. La institución carecía de autonomía política, actuando más como delegación administrativa del Estado.

Durante esos años, la Diputación se encargó de las competencias provinciales ordinarias (carreteras secundarias, asistencia social, cultura provincial) bajo estrecha tutela del gobernador civil. En 1952, por ejemplo, la propia Diputación publicó el Fuero Administrativo de Vizcaya y Guipúzcoa, un estudio histórico, pero cualquier reivindicación foral estaba fuera de lugar en la vida pública. A finales del franquismo, los presidentes de la Diputación (como Javier Ybarra en la década de 1940-50 o Pedro de Arístegui en los 60) eran nombrados directamente por el régimen. No obstante, Vizcaya siguió destacándose económicamente: incluso sin el Concierto, su tejido industrial y comercial creció en las décadas de 1950-60, con la Diputación participando en proyectos de desarrollo local en coordinación con el plan nacional (por ejemplo, en la creación de polígonos industriales, carreteras y el Museo de Bellas Artes de Bilbao). Esta etapa se caracterizó por un paréntesis de más de cuarenta años sin instituciones forales democráticas.

Restauración Foral y Autonomía (1975-Actualidad)

Tras la muerte de Franco en 1975, Vizcaya recuperó gradualmente su autogobierno histórico en el marco de la nueva democracia española. La Constitución de 1978 reconoció en su disposición adicional primera los “derechos históricos de los territorios forales”, abriendo la puerta a su actualización. Poco después, el Estatuto de Guernica de 1979 confirmó que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, denominados Territorios Históricos, podrían “conservar y, en su caso, restablecer y actualizar sus instituciones privativas de autogobierno”. En virtud de ello, en 1979 se recrearon las Juntas Generales de Vizcaya como parlamento provincial electo, y se restituyó la Diputación Foral de Vizcaya como órgano de gobierno ejecutivo dependiente de dichas Juntas. Las primeras elecciones forales tuvieron lugar en 1979, y en 1980 José María Makua (PNV) fue elegido Diputado General, siendo el primer mandatario foral vizcaíno desde el siglo XIX en acceder al cargo mediante voto popular. Además, el Concierto Económico fue restablecido para Vizcaya y Guipúzcoa en 1981, equiparándolas nuevamente con Álava: desde entonces, las tres diputaciones vascas gestionan de nuevo los tributos concertados y aportan el cupo al Estado. Para articular el reparto de poder entre el nuevo Gobierno Vasco y las Diputaciones, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 27/1983 de Relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales (conocida como Ley de Territorios Históricos). Esta ley aseguró a las diputaciones forales amplias competencias propias dentro de la comunidad autónoma, en consonancia con los “ámbitos competenciales privativos” reconocidos por el Estatuto.

Desde entonces, la Diputación Foral de Vizcaya funciona como gobierno territorial de Vizcaya dentro del entramado institucional vasco, coexistiendo con el Gobierno Autónomo en Vitoria. En las décadas recientes, la institución ha liderado numerosas iniciativas de modernización: ha contribuido a la reconversión industrial y regeneración de la Ría de Bilbao tras la crisis de los 80, ha impulsado proyectos de infraestructura como la red de carreteras forales y transporte público (p. ej. el servicio de autobuses Bizkaibus), y colabora en la financiación de grandes equipamientos culturales y tecnológicos (museos, parques tecnológicos, etc.). En lo político, la Diputación ha estado gobernada predominantemente por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) desde 1979, reflejo de la continuidad histórica del foralismo en la sociedad vizcaína. Las Juntas Generales, por su parte, legislan mediante Normas Forales en materias de su competencia, y ejercen control sobre la Diputación. Con todo ello, Vizcaya goza hoy de un nivel de autogobierno similar en espíritu al régimen foral original, adaptado al estado autonómico español.

Estructura y competencias actuales

En la actualidad, la Diputación Foral de Vizcaya es el órgano ejecutivo del territorio histórico, equivalente a un gobierno provincial con particularidades forales. Se compone de un Diputado General (máxima autoridad unipersonal) y de varios diputados forales que encabezan departamentos administrativos. El Diputado General es elegido por las Juntas Generales de Vizcaya –el parlamento foral de 51 miembros– tras cada elección foral (celebrada cada cuatro años, coincidiendo con las municipales). Una vez investido, el Diputado General nombra a los demás diputados forales y conforma el Consejo de Gobierno de la Diputación. Este gobierno foral se organiza hoy en una decena de departamentos (Hacienda, Obras Públicas, Acción Social, Cultura, etc.), y sus decisiones ejecutivas están sometidas al control y fiscalización de las Juntas Generales. A diferencia de las diputaciones provinciales ordinarias de España, la Diputación vizcaína ostenta competencias específicas derivadas de su régimen foral.

El Estatuto de Autonomía de 1979 y la legislación vasca garantizan que ciertas materias son gestionadas privativamente por los órganos forales. Entre las competencias vigentes de la Diputación Foral destacan las siguientes: Hacienda y tributos, pues Vizcaya tiene un sistema tributario propio cuyos impuestos son recaudados y administrados por la Hacienda Foral de la Diputación; infraestructuras y ordenación del territorio, gestionando la red de carreteras provinciales, los caminos rurales, el urbanismo supramunicipal y las obras públicas en el territorio; además del medio ambiente y el patrimonio, encargándose de la protección ambiental, montes, aguas continentales, costas, así como del patrimonio cultural, museos y archivos históricos de Vizcaya; acción social, asumiendo servicios de bienestar como la atención a personas dependientes, residencias de mayores, inclusión social y políticas de igualdad; promoción económica y empleo, impulsando el desarrollo local, la innovación empresarial y facilitando iniciativas que generen puestos de trabajo. Asimismo, la Diputación coordina la financiación municipal mediante el Fondo Foral Udalkutxa, repartiendo a los ayuntamientos una parte de los tributos concertados recaudados.

En conjunto, la Diputación Foral de Vizcaya ejerce tanto las competencias ordinarias de cualquier diputación provincial (cooperación municipal, cultura, deporte, turismo, etc.) como aquellas exclusivas de un territorio histórico, en especial la potestad normativa en materia tributaria y financiera. Este amplio abanico competencial, unido a la capacidad de legislar normas forales a través de las Juntas Generales, confiere a Vizcaya un autogobierno interno sólido dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. Su administración foral ha tenido un impacto notable en la sociedad y la economía vizcaínas a lo largo del tiempo: por un lado, permitiendo canalizar recursos propios al desarrollo infraestructural e industrial (factor clave en la prosperidad de Bilbao desde el siglo XIX), y por otro lado, comprometida en la actualidad con políticas de desarrollo sostenible, creación de empleo y cohesión social para que “nadie se quede atrás” en Vizcaya. En síntesis, la Diputación Foral de Vizcaya, desde sus orígenes en el Antiguo Régimen hasta su configuración presente, ha sido y es la piedra angular del gobierno del territorio vizcaíno, adaptándose a cada contexto histórico pero conservando su esencia de institución al servicio del autogobierno y el bienestar de Vizcaya.

Diputado general de Vizcaya

Al frente de la Diputación Foral se encuentra el diputado general, que es elegido por las Juntas Generales de Vizcaya.

Diputados generales de Vizcaya en democracia

1979-1987: José María Makua Zarandona (PNV) Fue el primer Diputado General tras la reinstauración de las instituciones forales en 1979, después de más de un siglo de abolición. Durante su mandato, se llevó a cabo la reorganización de las instituciones forales conforme a la Norma Foral de 5 de enero de 1983 y a la Ley Electoral 3/1983, que resultó en su reelección. Su liderazgo fue fundamental en la recuperación del Concierto Económico, reconocido posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008.
1987-1995: José Alberto Pradera Jauregi (PNV) Durante su mandato, se consolidaron las estructuras administrativas de la Diputación Foral y se avanzó en la modernización de infraestructuras en Vizcaya. Su gestión se centró en fortalecer la autonomía fiscal y administrativa del territorio.
1995-2003: Josu Bergara Etxebarria (PNV) Bajo su liderazgo, Vizcaya afrontó procesos de reconversión industrial y diversificación económica. Se promovieron iniciativas para revitalizar áreas afectadas por la desindustrialización y se impulsaron proyectos culturales y tecnológicos en el territorio.
2003-2015: José Luis Bilbao Eguren (PNV) Su gestión se caracterizó por la apuesta por la innovación y la internacionalización de Vizcaya. Se llevaron a cabo proyectos emblemáticos que posicionaron al territorio como referente en modernidad y desarrollo sostenible.
2015-2023: Unai Rementeria Maiz (PNV) Durante su mandato, se implementaron políticas orientadas al desarrollo sostenible y la transformación digital. Se promovieron iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y se fortaleció la colaboración con otras instituciones vascas y europeas.
Desde 2023: Elixabete Etxanobe (PNV) Recientemente asumió el cargo, por lo que aún es temprano para evaluar su gestión. Sin embargo, se espera que continúe las políticas de innovación y sostenibilidad que han caracterizado a sus predecesores.

^aEn las elecciones de 2003 José Luis Bilbao fue elegido como cabeza de lista de una coalición PNV-EA. En las elecciones de 2007 y 2011 se ha presentado como cabeza de lista de la candidatura de su partido, el PNV.

Diputados generales de Vizcaya en el siglo XIX

1825 a 1846: Pedro Novia de Salcedo fue un político y defensor del sistema foral vasco. A pesar de no haber cursado estudios universitarios debido a las circunstancias de su época, se formó de manera autodidacta, asistiendo a clases de filosofía en el Convento Imperial de San Francisco y a seminarios de matemáticas en el Consulado de Bilbao. Durante su mandato como Diputado General, se centró en impulsar el desarrollo económico de Vizcaya, abarcando áreas como el comercio, la minería, la seguridad ciudadana y las infraestructuras. Fue pionero en proyectos como el ferrocarril Bilbao-Valmaseda-Burgos en 1832, promovió reglamentos que facilitaron la expansión del sector minero y elaboró un diccionario etimológico del euskera. En 1852, las Juntas Generales de Vizcaya lo proclamaron primer Hijo Benemérito del Señorío por su dedicación. Su legado perdura en instituciones y calles que llevan su nombre, así como en la Fundación Novia Salcedo, dedicada a la integración laboral de los jóvenes
1870 a 1872: José María de Murga y Mugártegui conocido como "el moro vizcaíno", fue un militar, viajero y escritor. Participó en la guerra de Crimea (1854-1856) y, posteriormente, realizó extensos viajes por Marruecos bajo el pseudónimo de Hach Mohamed el Bagdady, donde se dedicó a conocer y divulgar las costumbres y la organización política del país. En 1870, fue nombrado Diputado General de Vizcaya. Durante el sitio de Bilbao en 1874, participó como voluntario en la defensa de la ciudad. Su obra "Recuerdos marroquíes del Moro vizcaíno" (1868) recoge sus experiencias y observaciones durante sus viajes por Marruecos.
1872 a 1876: Manuel María de Gortázar Munibe perteneció a una familia con una larga tradición en la administración foral. Antes de ser Diputado General, ocupó cargos como Teniente de Alcalde y Alcalde de Bilbao en 1860, además de ser Diputado foral desde 1867. Durante su mandato como Diputado General, le tocó enfrentar la tercera guerra carlista, periodo en el cual Bilbao fue sitiada. Tras la abolición de los fueros en 1876, fue nombrado primer Presidente de la nueva Diputación Provincial de Vizcaya (1877-1880). Jugó un papel crucial en la negociación del primer Concierto Económico de 1878, que permitió a Vizcaya mantener cierta autonomía fiscal. Además de su labor política, fue mecenas de artistas como Anselmo Guinea y Manuel Losada, y promovió el desarrollo de infraestructuras y servicios en la provincia.
1876 a 1877: Fidel de Sagarminaga; fue un político y abogado que desempeñó el cargo de Diputado General de Vizcaya en un periodo crítico, coincidiendo con la abolición de los fueros en 1876. Además de su rol como Diputado General, también fue alcalde de Bilbao, demostrando su compromiso con la administración local y la defensa de los intereses vizcaínos. Su mandato estuvo marcado por los desafíos derivados de la integración de Vizcaya en el sistema provincial común de España, tras la pérdida de sus instituciones forales tradicionales.

Presidentes de la Diputación Provincial de Vizcaya

1877 a 1880: Manuel María de Gortázar Munibe Primer presidente de la Diputación Provincial tras la abolición foral, trabajó en la adaptación de las instituciones a la nueva estructura administrativa
1886 a 1890: Pablo de Alzola Ingeniero y político, su mandato se caracterizó por el impulso a las infraestructuras y al desarrollo urbano de Bilbao.
1898 a 1902: Enrique Aresti y Torres Durante su presidencia, se promovieron iniciativas en educación y cultura, fortaleciendo la identidad vizcaína.
1917 a 1919: Ramón de la Sota Empresario y político, su gestión se enfocó en el desarrollo industrial y en la defensa de los intereses económicos de Vizcaya.
1926 a 1931: Esteban de Bilbao Eguía Durante su mandato, se enfrentó a los desafíos de la dictadura de Primo de Rivera y a la posterior llegada de la Segunda República.
1931 a 1937: Rufino Laiseca Presidió la Diputación durante la Segunda República y la Guerra Civil, enfrentando momentos de gran tensión política y social.
1937 a 1939: Luis Llaguno Su mandato coincidió con el final de la Guerra Civil y el inicio del régimen franquista, periodo de profundas transformaciones.
1939 a 1947: José Luis Goyoaga Escario Durante su presidencia, se inició la reconstrucción de Vizcaya tras la guerra, en el contexto de la dictadura franquista.
1947 a 1952: Javier Ybarra Bergé, Además de presidente de la Diputación, fue alcalde de Bilbao, destacando por su labor en la recuperación económica y urbana.
1952 a 1959: José María Ruiz Salas Su gestión se centró en la modernización de las infraestructuras y en la promoción del desarrollo industrial.
1959 a 1967: Plácido Careaga Hormaza Durante su mandato, Vizcaya experimentó un crecimiento económico significativo, con especial énfasis en la industria
1967 a 1969: Fernando Luis de Ybarra y López-Dóriga, Marqués de Arriluce de Ybarra y alcalde de Guecho, su presidencia se caracterizó por la promoción cultural y social.
1969 a 1976: Pedro de Arístegui Bengoa, También alcalde de Guecho, su gestión se desarrolló en los últimos años del franquismo, enfrentando los desafíos de la época.
1976 a 1977: Augusto Unceta Su breve mandato coincidió con el inicio de la transición democrática en España, periodo de cambios políticos significativos.
1977 a 1979: Francisco Amorrortu Último presidente antes de la reinstauración de las instituciones forales democráticas, gestionó la transición hacia el nuevo modelo administrativo.